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Viernes, 11 Mayo 2018 09:15

Deficiencias en rectoría social afecta atención de la pobreza en Costa Rica


Foto tomada del la pagina web de Defensoría de los Habitantes Foto tomada del la pagina web de Defensoría de los Habitantes

Costa Rica dispone de un andamio institucional tan amplio y diverso para la atención de la pobreza y la exclusión social que la debilidad de la rectoría sectorial para articular su trabajo genera deficiencias que afectan la atención de los y las habitantes en condición de vulnerabilidad económica.

Así lo refleja un estudio efectuado por la Defensoría de los Habitantes del periodo 1994-2018, donde se analiza la estructura jurídica y orgánica de este sector y que refleja, las carencias de los modelos implementados para una adecuada articulación de lo institucional en materia social.

La investigación de la Defensoría refleja que el país ha exhibido durante el período de estudio al menos cuatro deficiencias con respecto a la designación de una rectoría sectorial en materia de pobreza y exclusión. En primer término, se aprecia un traslape de leyes y decretos que asignan facultades de rectoría sectorial a distintos entes y cargos públicos simultáneamente, lo que ha generado una confusión de roles entre vicepresidencias, ministerios e instituciones autónomas en cuanto a la emisión de lineamientos, la coordinación interinstitucional, la supervisión y otras acciones propias de la rectoría.

Una segunda falencia tiene que ver con el carácter inconstitucional e ilegal de la rectoría asignada al IMAS en materia de combate a la pobreza extrema, pues del numeral 140 inciso 8) constitucional y del 21 de la Ley General de Administración Pública (LGTP) se desprende que solamente el Presidente y los ministros pueden ejercer responsabilidades de rectoría sectorial. No obstante, y a pesar de que en la práctica y durante el período de estudio el IMAS no se ha desempeñado como rector sectorial, ha mantenido dicha atribución en su ley de creación, N° 4760.

Una tercera falencia tiene que ver con la violación del principio de jerarquía de las normas por parte de las administraciones que asignaron responsabilidades de rectoría sectorial por Decreto, a órganos diferentes a los que ya tenían asignada esa atribución por ley.

Una cuarta falencia se observa en la reiterada designación del Presidente Ejecutivo del IMAS como ministro sin cartera de Bienestar Social o de Desarrollo Humano, y la subsecuente asignación de la rectoría sectorial por Decreto. Esta práctica, a la que se recurrió por tres meses en 2008 y desde 2010 a 2018, constituye un atajo jurídico para cumplir con la norma que atribuye la dirección superior a Presidente y ministro, pero cuestionable en términos de la eficacia administrativa, pues ese ministerio rector sin cartera ha carecido de los recursos legales y administrativos para cumplir su alto mandato.

Las anteriores falencias con respecto a la rectoría sectorial, denotan una vulneración al “imperio de la ley” por parte de distintas administraciones y en varios sentidos: al asignar responsabilidades de rectoría sectorial a una Vicepresidencia o a una institución autónoma, se violentan disposiciones constitucionales y de la Ley General de Administración Pública en cuanto a la responsabilidad de dirección que compete exclusivamente al Presidente y los ministros; al designar rectorías sectoriales por decreto, y siendo distintas a las establecidas previamente por ley, se violenta el principio de jerarquía de las normas; y al designar a un ente como rector de bienestar social y luego a otro como rector de la lucha contra la pobreza, sin deslindar los alcances de una y otra rectoría, se consuma un traslape legal que resta seguridad y certeza jurídica al ejercicio de tal responsabilidad.

La situación descrita ha conducido a diseminar responsabilidades en materia de rectoría sectorial entre numerosos actores institucionales, lo cual entorpece la necesaria identificación de los titulares de deberes y las obligaciones que les incumbe, y afecta la exigibilidad, la justiciabilidad y la exigencia de cuentas sobre el cumplimiento de tareas y el logro de objetivos.

Juan Manuel Cordero, Defensor Adjunto de los Habitantes, manifestó que la investigación evidencia que el estancamiento de la pobreza por más de veinte años a pesar del crecimiento económico experimentado y de la inyección creciente de la Inversión Social Pública, sugiere deficiencias en la arquitectura institucional y las políticas dirigidas a combatir este flagelo que deben ser corregidas.

Ante este panorama de entramado institucional, la Defensoría recomienda al Poder Ejecutivo formular un proyecto de ley y remitirlo a la Asamblea Legislativa para precisar el cargo público o institución que ejercerá la rectoría del sector estatal encargado de atender el problema de la pobreza así como fijar sus competencias y responsabilidades. A la Ministra de Planificación Nacional, emitir el Plan Estratégico Nacional incorporando principios y prácticas de “Buen Gobierno y tomando en consideración las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos, entre ellas, el empoderamiento y participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y acciones afirmativas a favor de colectivos discriminados, entre otras recomendaciones. Al Ministro sin cartera de Desarrollo Humano e Inclusión Social se le recomienda, entre otras acciones, formular un Plan Nacional Sectorial.

Fuente: Defensoría de los Habitantes


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