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Estado apela condena por reclamo de 7.472 Ha de "Montaña Sagrada" PDF Print E-mail
Monday, 15 October 2007
• El Estado apeló por  la condena al pago de costas del  proceso que se le  sigue  a Virginia Solera y Mario Saborío quienes piden el pago de 7.472  Ha del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco.
• Las tierras del parque son intocables, pero el Estado y APANAJUCA intentan demostrar que los reclamantes  cometieron anomalías en la inscripción de éstas.


Gerardo Quesada Alvarado
San Carlos Al Día


    Cuando todo parecía que estaba ganado, el Estado fue condenado al pago de las costas del proceso legal que se le sigue a la empresa  Volcán Viejo S.A,  cuyos representantes son  Virginia Solera y Mario Saborío, quienes reclaman el pago de 7.472 hectáreas (Ha) ubicadas dentro del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (PNAJCB) , también conocida como la "Montaña Sagrada".
    La Asociación Pro-Desarrollo del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (APANAJUCA), el Estado y algunos finqueros de la zona intentan demostrar  que Solera y Saborío no tienen derechos a esas tierras.
    Según informes de APANAJUCA la señora Solera en 1977  reclamó  en el Juzgado de Heredia  7.472 hectáreas dentro del Parque del Agua como un derecho que le  dejó su padre  de poseer tierras en  territorios baldíos.
    Esto se da dos años después de que  esos terrenos fueran declarados  por el  
Estado como Reserva Nacional Juan  Castro Blanco (1975) y por lo tanto, nadie podía demandar posición de esas tierras.
    También se presentan como razones de peso el hecho de que Solera  no cuenta con  catastro de las 7.472 hectáreas y el Estado sí dispone de un plano de los 14.428 hectáreas que forman el PNAJCB.
    Datos de APANAJUCA indican que Virginia Solera inscribió el terreno en  1978, pese a que hubo  oposición del director del Registro de la Propiedad. Posteriormente, le vendió una parte de la finca al señor Mario Saborío que fuera director del registro y que más tarde inmovilizaría la propiedad para que no se ejerciera ningún acto de disposición sobre la misma.
    Saborío años después fue   despedido por varios hechos anómalos que se presentaron en el Registro de la Propiedad.


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El Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco es uno de los principales reservorios de agua del país.



Lesivo

    El 11 de marzo del 2002 el Ministerio de Justicia y Gracia declaró lesivo a los intereses del Estado el acto administrativo de inscripción registral de la finca en mención matricula y folio real número 171492-000.
    Con estas razones el Estado y APANAJUCA intentan demostrar que no hay causa recurrente para pagar las 7.472 ha a Virginia Solera, cuyo monto en 1996 era alrededor de ¢701 mil millones, según avalúo.
    "Queremos dejar claro que  no es que al  parque se le van  quitar las 7.472 Ha, si el Estado pierde el juicio. Se apela  para no tener  que pagar esas fincas, por los hechos anómalos que se han presentado", expresó Douglas Murillo, abogado ad honóren de APANAJUCA y que se ha encargado de  ordenar la documentación sobre el caso para ayudar al Estado en el proceso.
    Luis Ángel Alfaro Vargas, Presidente de APANAJUCA dijo que tiene plena confianza que el Estado ganará el juicio con  la apelación por todas la anomalías presentadas.
    "Hay algunos finqueros de la zona que aseguran  que sus propiedades están dentro de las 7.742 Ha que reclama Solera y que ellos tenían posición antes de que la reclamante alegara posición" aseguró Alfaro.
    Por su parte, Carlos Murillo, ambientalista y expresidente de APANAJUCA dijo que en su momento la Procuraduría General de República  les dio la razón y el Estado  y decidió elevar el caso a juicio. También, la Defensoría de los Habitantes  se pronunció a favor de ellos.
    Alfaro hizo un llamado a la población a continuar con su lucha y cuidar el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco para preservar su  principal riquezas, el agua.
    De aquí sale el agua que abastece  a 150 comunidades del cantón y permite el riego de cultivos, funcionamiento de lecherías y generación de electricidad.


Reclamo  de tierras

    El proceso judicial por las 7.472 hectáreas (Ha) de terreno que reclaman hoy la señora Virginia Solera y el señor Mario Saborío  se remonta a 1936, cuando Luis Castro Ureña traspasó un derecho de propiedad al estado ubicado en Cañas Guanacaste  y éste le transfiere la potestad de adquirir 7.472 ha de terrenos baldíos en el pacífico del país.
Según documentación de APANAJUCA para la validez de dicho convenio era necesaria la aprobación del Congreso Constitucional.
    El 24 de mayo de 1936, La Gaceta No 921 publica un informe de la Comisión de Gobernación que dice que dicho convenio no debía aprobarse.
    El 27 de mayo de 1936 en sesión ordinaria el Congreso Constitucional retiró el convenio  con el señor Luis Ureña sobre canje de tierras por estar rescindido.
    El 24 de mayo de 1939 Ureña cede los derechos al señor Desiderio Oreamuno Flores y el 29 de agosto de 1944  Oreamuno Flores cedió los derechos al señor Juan María Solera Oreamuno.
    El 20 de diciembre de 1977 ante notario público la señora Virginia Solera Flores, en carácter de albacea provisional del la mortual de su padre Juan María Solera Oreamuno  tramita en el Juzgado de Heredia como única interesada  y cesionaria de los derechos de sus hermanos.
    Virginia Solera indica ante el notario público Lauro Hermógenes que por su cuenta y riesgo deslindaba y localizaba los terrenos.
    En 1978 inscribe la finca bajo el asiento número 1714492000 del Partido de Alajuela.
    El 8 de enero del 1982 Solera  vende a Mario Alberto Saborío Valverde el derecho a la mitad de la finca
    El 8 de julio de 1984 Solera y Saborío  rescinden de la venta del terreno y solicitan  cancelar la anotación registral tomo 340, asiento 4750.  La primera vende el inmueble a Empresariales Volcán Viejo S.A., cuyos representantes son Saborío y Solera.
    Mario Saborío solicitó al Registro Público de la Propiedad inmovilizar el inmueble.
    El 16 de enero de 1998 Solera solicita la  cancelación de las anteriores ventas alegando prescripción del derecho.
    El 11 de marzo del 2002 el Ministerio de Justicia declara lesivo a los intereses del Estado el acto  administrativo de inscripción registral de la finca.

Fuente: APANAJUCA.


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APANAJUCA lucha para preservar Parque

    La Asociación Pro-Desarrollo del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (APANAJUCA) lucha desde 1998, cuando fue creada, por preservar los bosques, las aguas, la flora y fauna del parque.
    Dicha organización fue creada por sancarleños  conscientes del tesoro que resguardan las 14,428 hectáreas que conforman el Parque Nacional del Agua también conocida como "Montaña Sagrada".
    Gracias a la asociación se logró amojonar  todo el parque, único en el país delimitado.  También,  han dado una larga lucha para que el Estado no tenga que pagar 7.742 hectáreas que reclaman Virginia Solera.
    Recientemente  APANAJUCA hizo un  convenio con Coocique R.L para recaudar recursos mediante un fideicomiso que le permitirá comprar tierras dentro del parque, actualmente en manos privadas. Lo anterior debido a que un  98%  de  los terrenos que forman el Parque Nacional del Agua están en manos de finqueros.
    Las nacientes de agua que salen del parque abastecen a 150 comunidades del cantón de San Carlos y a la vez son fuente para el riego de cultivos,  funcionamiento de lecherías y empresas hidroeléctricas que proporcionan el 12% de la producción eléctrica nacional.
    La asociación apela a la consciencia de los vecinos y solicita el aporte que usted puede hacer para aumentar el fideicomiso.
    Para donaciones funcionan las  cuentas: 990930 de Coocique  (colones y dólares), la  100-01-001225-8 colones  del Banco Nacional de Costa Rica y  la 215-0001668-3 colones del Banco de Costa Rica.
 
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