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7 mil hectáreas del Parque del Agua recuperadas, pero amenazadas PDF Imprimir E-Mail
jueves, 25 de marzo de 2010
• Tribunal  Contencioso Administrativo, declaró que las  7,700 hectáreas del Parque del Agua,  en disputa por la señora Virginia Solera, son de l Estado y éste no tiene porqué pagarlas.
• Las Autoridades del Minaet, alertan por la construcción de polleras, urbanizaciones, talas, extracción de plantas en terrenos del Parque, así como la posible comercialización del agua para la exportación.

Gerardo Quesada Alvarado
San Carlos Al Día


    La recuperación de 7.700 hectáreas pertenecientes al Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco en disputa desde hace más de 10 años por la señora Virginia Solera, puede que haya llegado a su fin,  luego de que un tribunal compuesto por tres jueces concluyó que de dicha tierra es del Estado.
    Según el Tribunal,  los terrenos en disputa siempre han sido patrimonio del Estado desde que la zona se declaró reserva nacional, antes de que fueran inscritas irregularmente en Registro de la Propiedad por el señor Mario Alberto Saborío, quien fuera director de esa institución.
    La propiedad fue inscrita en 1977 a nombre de la sociedad Desarrollos Empresariales Volcán Viejo Sociedad Anónima, desde eso se ha generado una larga disputa por las tierras, ubicadas dentro del Parque del Agua.
    Para solucionar esta disputa intervino la  Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Asociación Pro Desarrollo del Parque  Nacional del Agua, Juan Castro Blanco (Apanajuca) como organización coadyuvante en el proceso.
    La mayor parte del proceso de Apanajuca la llevó el abogado sancarleño Douglas Murillo Murillo, quien investigó a fondo la situación de las tierras.

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Sancarleños celebran la recuperación de 7.700 hectáreas del Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco, en disputa por una sociedad.

Tierras son del Estado
 
    Aunque un juez  en el año 2002 había dictado una resolución a favor de Desarrollos Empresariales Volcán Viejo,  tres jueces  declaran hoy,   por unanimidad,  que las tierras siempre han pertenecido al Estado, por lo tanto, no tiene porqué pagarlas a la señora Solera.
    Además, en el proceso de investigación se encontró una serie de irregularidades en la inscripción de las 7.700 hectáreas como la  extracción de folios, adrede.
    Douglas Murillo, dijo que  los afectados podrían llevar el caso a Sala de Casación,  pero no le ve posibilidades que prospere, porque  la resolución emitida por los jueces está muy  bien fundamentada.
    Murillo dijo que es un triunfo para los sancarleños y para  Apanajuca, asociación que desde un principio luchó para que  el Estado no pagara estas tierras, por el montón de irregularidades encontradas.
    Aunque la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente  y Energía  y Telecomunicaciones (Minaet) adoptó una posición muy pasiva,  e incluso,  estuvo de acuerdo que se pagarán las tierras, las luchas de Apanajuca,  y de su abogado Douglas Murillo no cesaron, para demostrar que las tierras le pertenecían al Estado.
    Hoy, el gobierno  costarricense no tendrá que pagar el cincuenta por ciento de las tierras que conforman el Parque del Agua, de  14,400 hectáreas.
    Adrián González, miembro de Apanajuca,  declaró que esta resolución es un triunfo para el Estado y para toda la Región Huetar Norte, que se sirve de las aguas que provienen del parque donde se abastecen decenas de comunidades de Zarcero, Ciudad Quesada, Aguas Zarcas, Venecia y Bajos del Toro. También es la fuente de aguas que utilizan varias empresas hidroeléctricas que operan en la zona, de  aquí sale el agua que riegan los ríos de las bajuras de la región.

Parque del Agua bajo amenaza

    El Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, está amenazado por  la construcción de casas en las partes altas de Ciudad Quesada,  la construcción de polleras en Aguas Zarcas y Venecia, la tala de árboles,  la extracción de plantas, la caza furtiva y la comercialización del agua.
    Así lo dieron a conocer autoridades del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciónes (Minaet) y de la Asociación Pro Desarrollo del Parque Nacional Juan Castro Blanco (Apanajuca).
    La situación podría ser más delicada de lo que se piensa, pues ya se han hecho construcciones en las áreas de recarga acuífera, e incluso,  algunas tomas de agua como en Aguas Zarcas, están más abajo de unas polleras.
    La carencia de un plan de ordenamiento urbano y los pocos controles que ejercen las autoridades municipales, dentro de otras instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), permite que se hagan construcciones  en estos lugares, limítrofes con el Parque e incluso dentro.

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La pollera Pollos Tyzon, en Garabito, se construyó 400 metros arriba donde está la toma de agua de los acueductos de Aguas Zarcas, Pitalito y Buenos Aires de Venecia.

Situación crítica

    Eduardo Guzmán, Director de Áreas Protegidas de la Dirección Regional del Minaet,  dijo que la situación es  bastante crítica y  sólo se puede revertir si los vecinos y las instituciones colaboran.
    Detalló que  hace falta un plan de ordenamiento urbano en Ciudad Quesada y algunos distritos como Aguas Zarcas y Venecia, para evitar el crecimiento poblacional hacia las áreas cercanas al parque.
    Adrián González de Apanajuca,  denunció la existencia de una empresa local  ubicada en San José de  Montaña,  de Ciudad Quesada que cuenta con todos los permisos para embotellar agua y exportarla, dijo que ya hay empresas extranjeras detrás  de la concesión de esta empresa para empezar a exportar agua del parque.
    Esto sucede, mientras comunidades de la bajura como Coopevega, carecen de agua potable.
    Apanajuca, hace esfuerzos para la compra de tierras dentro del parque, ya que se debe la mitad de las propiedades, que están en manos privadas, hace  poco se compró una finca en ¢75 millones en el sector de Pozo Verde.
    Dentro del parque hay aproximadamente 216 fincas censadas, a las que deben hacerle estudios de catastro para pagarlas a sus dueños.
    Por acuerdo de la Asamblea de   Coopelesca R.L. se acordó rebajar ¢100 a sus asociados para compra de propiedades, monto que subió a ¢200.
    También el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) captan recursos para la compra de tierras.
    Otra institución que ha colaborado es el Instituto Nectandra que colabora con la adquisición de préstamos para la compra de fincas.
 
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