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Los efectos de la crisis mundial de los años treinta en Costa Rica y su incidencia en San Carlos PDF Imprimir E-Mail
escrito por Gerardo Quesada   
jueves, 05 de marzo de 2009
Jorge Rolando Molina González


    Dada la naturaleza del tema, y la riqueza de información que queremos compartir con los amables lectores, se hace necesario publicar este artículo en dos partes.  La primera es para puntualizar sobre los efectos lesivos causados por esa crisis a nuestra endeble y dependiente economía nacional, así como la forma en que la sociedad costarricense resultó golpeada.  La segunda entrega, está dedicada a valorar el grado de incidencia que tuvo esa crisis en el seno de una economía o sociedad que como la sancarleña, no se encontraba todavía insertada dentro de la estructura capitalista de comercio exterior, de la cual sí participaban algunas áreas del Valle Central y la zona atlántica, en razón de las actividades cafetaleras y bananeras que las caracterizaban.
    Como elementos referenciales para esta primera parte, hemos utilizado las siguientes obras:  “La crisis de 1929 y la fundación del Partido Comunista”, 1984, de los Licenciados Ana María Botey S.  y Rodolfo Cisneros; “La crisis de 1929 y su impacto en la sociedad costarricense”, 1984, del Lic. Luis Gonzalo Cortés E.; “Historia económica y hacendaria de Costa Rica”, Tomo II, 1949, del Lic. Tomás Soley Güell y el fascículo Nº 6 de Historia de las Instituciones de Costa Rica, 2005 titulado Costa Rica entre guerras 1914-1948, de la Licda. Ana María Botey.
    Comienzo destacando que los primeros impactos ocasionados por esta gran depresión en el plano económico, se tradujeron en una serie de desequilibrios externos e internos.  Los más sensibles fueron en primer término, la caída vertiginosa de los precios que experimentaron nuestros principales productos de exportación (café, banano, cacao y azúcar) en el mercado internacional.  Su caída fue del orden de un 50% lo que afectó considerablemente el volumen de ingresos que requería el Estado para hacer frente a sus necesidades.  Los más afectados por este colapso, resultaron ser los pequeños productores y trabajadores a jornal, quienes debieron “apechugar” con la forzada reducción en los costos de producción.
    Es obvio que esta menguada y creciente escasez de ingresos estatales, se tradujo en severos déficit presupuestarios que no podían financiarse con empréstitos externos.  Por su parte, el servicio de la deuda externa que absorbía una gran suma de estos recursos, experimentó un salto abrupto al elevarse de un 14,1% en 1929, a un 30,3% en 1932.  La situación se agravó con el desplome del llamado patrón de oro (disminución de las reservas de divisas) lo que obligó a finales de 1931 a una inevitable devaluación de la moneda y a un aumento en el monto de los aranceles de importación con consecuencias negativas.
    Para ilustrar sobre el manejo del presupuesto general de la República, basta señalar que la condición de superávit existente hasta 1928, se trocó luego en reiterado déficit durante los siguientes seis años.  En 1930 el déficit fue de ¢ 5,1 millones producto de la diferencia entre ¢27,4 millones de ingresos y ¢32,5 millones en gastos.  En 1931 fue de ¢2,8 millones (¢24,7 millones contra ¢27,5).  Para el año 1932, la reducción de los ingresos cayó al punto más bajo: ¢23 millones contra ¢25 de gastos.  Esta crítica situación obligó al gobierno a decretar la disminución de salarios y la eliminación de empleos, cosa que también hizo el sector privado, originando un mar de desocupación, miseria y múltiples brotes de protesta social y violencia que no solo alcanzaron a los gobiernos de turno de don Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno sino también, a los enclaves y monopolios extranjeros establecidos en el país como la United Fruit Co., y la Bond and Share Co., que controlaba los servicios eléctricos y telefónicos.  Los más importantes brotes huelguísticos los emprendieron los gremios de zapateros, panaderos, trabajadores de artes gráficas, algunos comerciantes detallistas y por supuesto, los obreros bananeros que con ayuda del recién fundado Partido Comunista de Costa Rica (junio de 1931), organizaron la mayor huelga bananera de la historia: la de 1934. Para 1935 el déficit era de ¢4,4 millones (¢27,2 de ingresos contra ¢31,6 de gastos).
    En otro escenario, la crisis del comercio exterior obligó a los bancos estatal y privados a cerrar sus líneas crediticias, con lo cual muchos propietarios que habían contraído deudas incluso con agiotistas, al no poderlas saldar, terminaron entregando sus propiedades o vendiéndolas a precios muy por debajo de su valor real.  Por su parte, los pequeños y medianos comerciantes se quejaban en 1931 que el volumen de sus ventas había decrecido en un 60%.  La misma banca privada experimentó los efectos de la crisis con la quiebra por ejemplo del Banco Keith.
    En el plano político e institucional, el remezón provocado por la crisis, propició una serie de levantamientos armados contra los gobiernos de González Víquez y Jiménez Oreamuno como los ocurridos en San Ramón y  en Concepción de Naranjo en junio de 1931.  Sin embargo, el más importante fue el conocido como el Bellavistazo (14 de febrero de 1932) en el que un preclaro grupo de políticos, militares, médicos y ciudadanos de gran estirpe, no queriendo reconocer el triunfo electoral del Lic. Jiménez Oreamuno, tomaron y se parapetaron en el Cuartel Bellavista (hoy Museo Nacional).  El resultado de la refriega dejó un saldo de 15 muertos y 36 heridos.
    La crisis, aparte de constituirse en un significativo frenazo para el crecimiento económico de la nación, dejó evidenciado lo siguiente: a) El total agotamiento de un modelo agroexportador tradicionalista; b) la necesidad de orientar la economía hacia una mayor diversificación y proceso de industrialización cuya puesta en marcha se retrasó por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y los sucesos del 48; c) un crecimiento de la organización y lucha de los trabajadores urbanos y rurales, en demanda de un régimen de mayor seguridad social que felizmente se plasmó durante el gobierno de Calderón Guardia (1940-1944) con la promulgación de las Garantías Sociales, beneficio que se reforzó y amplió en administraciones posteriores; d) la urgencia de un cambio en el papel del Estado  que culminó con la ruptura de la vieja doctrina liberal basada en la idea de la existencia de “Leyes Naturales” encargadas de resolver automáticamente las crisis, a favor de un Estado intervencionista y regulador; e) la necesidad de un papel mucho más beligerante de parte de la iglesia en materia de doctrina social y que encontró en el obispo Víctor Manuel Sanabria (1939 -1952) a su máximo exponente.
    La crisis fue conjurada parcialmente hacia finales de la década de los treinta como resultado de la combinación de una serie de factores: un activo programa de la obra pública estatal que promovieron los gobiernos de Jiménez y León Cortés (1936 -1940) en la construcción de edificios públicos, cañerías, puentes, carreteras y caminos que generaron empleo;  establecimiento de colonias agrícolas en las provincias de Heredia y Limón, que en el sentir de los entendidos, actuaron como válvula de escape o “apagafuegos” para atender la convulsa situación social del momento; la promulgación de la tercera ley de cabezas de familia del 30 de noviembre de 1934, que dotaba con una parcela de 20 Hás., a todo varón costarricense mayor de 20 años carente de tierra y finalmente, a la recuperación de los precios en el mercado internacional para nuestros principales productos de exportación.
 
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