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Wednesday, 06 February 2008 |
Varias razones recomiendan impulsar un verdadero esquema de descentralización en nuestro país.
La imposibilidad de hacerse cargo eficientemente de la multiplicidad de problemas, que por la evolución normal que ha experimentado nuestra sociedad, son cuantitativa y cualitativamente mayores que hace algunos años, es quizá la razón más evidente que padecemos las y los costarricenses. ¿Quién no estaría de acuerdo conmigo al afirmar que la atención de las instituciones públicas no es la más adecuada y que cada vez que los ciudadanos desean organizarse, estos esfuerzos chocan con múltiples trabas que a menudo terminan desmotivando y desmovilizando las iniciativas?
El aumento de las capacidades de las y los ciudadanos para hacerse cargo de las tareas que afectan directamente a sus comunidades es otra de las razones que haría posible este proceso. A pesar de que los problemas son más y más complejos que hace algunos años, también es cierto que gracias a las políticas que hoy tanto critican los sectores neoliberales de este país, la población está más educada y capacitada para influir directamente en su destino.
En nuestro país han existido iniciativas conocidas por todos, que han buscado llevar adelante este tipo de esquemas (régimen municipal, asociaciones de desarrollo, ASADAS, etc), pero han existido escollos insalvables que no han dejado que se genere un verdadero empoderamiento comunal: en primer lugar la politiquería tradicional ha instrumentalizado todos esos espacios para favorecer intereses particulares o partidistas (nada más en contra de la idea original que es beneficiar a toda la comunidad sin pensar en colores políticos) y en segundo lugar, nunca un proceso de este tipo se ha enfocado en lo que verdaderamente importa: ceder poder de las instancias centrales a las comunales.
Este segundo aspecto es fundamental si deseamos generar un proceso de descentralización que funcione y que además genere credibilidad, aumente la participación y el involucramiento de la ciudadanía y en el cual las y los ciudadanos puedan volver a confiar a partir de que constaten que su esfuerzo rinde frutos, todo esto con el afán de promover la participación efectiva de los costarricenses en la conducción y vigilancia de los asuntos públicos mediante el ejercicio pleno de los derechos democráticos.
Los ciudadanos tenemos tanto derechos como responsabilidades y por lo tanto debemos ser los actores de primer orden en la elaboración, aprobación y ejecución de propuestas para construir el futuro y en la fiscalización del desempeño de los gobernantes.
En mi caso particular de Diputada, y como ciudadana que en su momento participó en el movimiento de las ASADAS, he venido insistiendo en que estas organizaciones necesitan de un marco regulatorio especial, al igual que lo poseen las demás instancias de este tipo, con la cual se potencie este importante sector de la organización comunal compuesto por más de dos mil asociaciones, que al igual que las demás instancias comunales que he citado, corren el riesgo de ser asfixiadas y desmovilizadas por los mismos vicios que han impedido el pleno desarrollo de las iniciativas comunales en la definición de su destino comunal.
Dip. Patricia Romero Barrientos
Partido Acción Ciudadana |
