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Estado gasta ¢48 por persona para seguridad PDF Imprimir E-Mail
escrito por Gerardo Quesada   
viernes, 14 de agosto de 2009
• El Estado gasta en seguridad ¢48 diariamente, por cada habitante, un monto que desprotege a la ciudadanía de la  delincuencia  que impera a lo largo y ancho del país.

Gerardo Quesada Alvarado
San Carlos Al Día


    Solo se destina un dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad.
Estos datos,  los dio  conocer el diputado Luis Antonio Barrantes  en un foro de discusión sobre el Proyecto de Ley contra el Crimen Organizado llevado a cabo en los Tribunales de San Carlos, donde también asistió el  Fiscal General Francisco Dall  Anse y  la Defensora de los Habitantes,   Lizbeth Quesada.
    Según Dall Anese, la delincuencia poco a poco se ha  apoderado del país y cada vez es más difícil combatirla con los policías y recursos que se disponen para seguridad.

Image
El Fiscal General Francisco Dall Anase aboga por la unión institucional contra el crimen organizado.


    Para el fiscal general,  la Ley  contiene penas más dura  para los delincuentes, pero no será suficiente para detener el crimen organizado y la ola delincuencia que impera.
    Dijo que cada vez  se vuelven más complejas las organizaciones criminales que operan en el país. “Es una empresa privada con acciones capital y juntas directivas”, señaló Dall Anese.
    El fiscal detalló que organizaciones de narcotraficantes han hecho de Costa Rica un lugar de operaciones y de tránsito para llevar la droga a los Estados Unidos y se carece de recursos para desmantelarlos.
    Dall Anesse abogó por una política integral en coordinación con  todas instituciones del país para luchar contra la delincuencia y pidió al gobierno destinar más recursos para desarmar las bandas organizadas.

Intervención telefónica
 
    La Ley  Contra el Crimen Organizado contempla la creación de un centro de intervención de telefónica con jueces dedicados las 24 horas  del día a ese fin, el levantamiento del secreto bancario, el aumento de la presión preventiva a 60 meses y la prescripción de los delitos a periodos mayores a 10 años.
    Para autoridades policiales la pobreza también es un factor que ayuda el problema de delincuencia que existe en el país y cada vez los programas sociales llegan menos a quienes lo necesitan.
    Para Dall Anese,  son los estudiantes ricos los que hoy pueden acceder a las universidades públicas, porque estudiaron en un colegio privado y obtuvieron una mejor educación que les permitió ganar el examen de admisión  con un mayor puntaje.
    Explicó que muchos estudiantes de escasos recursos tienen que pagar universidades privadas que brindan una pésima educación.
 
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