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Empresario ganó millonarias licitaciones municipales PDF Imprimir E-Mail
escrito por Gerardo Quesada   
viernes, 20 de agosto de 2010
• Municipalidad de San Carlos  habría pagado más de  ¢100 millones en licitaciones a empresa de padre de exfuncionaria del Departamento de Proveeduría.

Gerardo Quesada Alvarado
San Carloa Al Día


    Entre el 2007 y parte del 2010, el  Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de San Carlos, adjudicó más de 17 licitaciones al empresario Óscar Campos Cordero para apilado y acarreo de material para reparación de caminos, dicho empresario es padre de la ex-funcionaria  Jennifer Campos Zamora, que era jefe de ese departamento.
    Se calcula que el señor  Óscar Campos se benefició con más de ¢100 millones de colones producto de estas contrataciones que fueron otorgadas proveduría y avaladas por el alcalde Alfredo Córdoba.
    Estas presuntas irregularidades en el otorgamiento de concesiones dio pie para que  la Fiscalía de  Delitos Económicos,  en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, allanaran la Municipalidad de San Carlos para el secuestro de documentos.
    La Fiscalía de San Carlos allanó  los departamentos de Proveeduría, Unidad Técnica, Tesorería, Legal y Auditoría Interna de la Municipalidad.

Image
Agentes del OIJ salen con documentos municipales secuestrados para la debida investigación.


    Antes, el 29 de abril de 2010,  la Presidente Municipal Marcela Céspedes y el vicepresidente Carlos Corella, habían puesto la denuncia por estas irregularidades ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que terminó con el allanamiento.
    A los regidores les llamó la atención el hecho de que  se otorgó una concesión a una empresa denominada Transportes Cruzco S.A., pero, el que ejecutó las obras fue otra empresa llamada Excavaciones Campos Zamora de La Tigra S.A., sociedad cuyo presidente es el señor Òscar Campos Cordero, padre de la exfuncionaria  Jennifer Campos Zamora quien laboró en  Proveeduría desde el  año 2006 hasta el año 2010 y que incluso fue jefe de ese departamento.
    Según los denunciantes, Céspedes y Corella, Transportes Cruzco S.A., sólo tiene inscrito un vehículo en  el Registro de la Propiedad y no aparece nada de maquinaria a su nombre.
    De acuerdo a la  denuncia (en poder de este medio) la orden de inicio de las obras contratadas fue dada por el ingeniero municipal  Bernal Hernández Vásquez, quien era la persona encargada de  informar sobre la maquinaria autorizada  para desarrollar la obra y  omitió el caso de la contratación de Transportes Cruzco.
    En las licitaciones los participantes eran las empresas  de Óscar Campos Cordero y Araica S.A (Araya y Campos S.A), que a la fecha se desconoce si guarda alguna afinidad con el señor Óscar Campos, según se desprende de los folios consultados, estas eran las únicas empresas que participaban en las licitaciones y por lo tanto, una de las  dos ganaba.
    Algunas de estas licitaciones que se sacaban de forma abreviada era por montos superiores a los ¢22 millones.

Alcalde no se daba cuenta

    Carlos Corella, aseguró que es extraño que todas estas irregularidades se dieran y que el alcalde Alfredo Córdoba no se diera cuenta qué tipo de documentos firmaba,  con  tantos asesores que tiene,
    “Es extraño porqué ninguno le advirtió o le señaló la relación que existía entre la funcionaria municipal Jennifer Campos  y su padre Óscar Campos Cordero,  que era uno de los participantes en el cartel de licitación”.
    Según detalló Marcela Céspedes, el Concejo Municipal recibía estas contrataciones,  unas habían tenido el visto bueno de proveeduría, por lo tanto, se contrataba  a la empresa recomendada.

“Denuncias politiqueras”

    Alfredo Córdoba, dijo a medios locales, que él solo firmaba los documentos, como lo hace con cientos más y que desconoce sobre las presuntas irregularidades.
    El alcalde catalogó las denuncias de Céspedes y Corella como politiqueras y  fustigo a los   regidores de  oposición que acudieron a la Fiscalía cuando estaban enterados de que ya la auditoria interna estaba investigando el caso.
    Bernal Hernández explicó  a este medio que  su función es sólo verificar el acabado  de las obras, negó que tuviera algo que ver con la adjudicación de  concesiones al señor Oscar Campos Cordero.
    Hernández dijo que no se  referirá a los hechos investigados por recomendaciones  y porque la fiscalía realiza una investigación al respecto.
    Hasta el momento está abierta una investigación por el delito de Legislación o Administración en Provecho Propio en perjuicio de la función pública pero, conforme avance la indagación, podrían individualizarse responsabilidades.
    El artículo 48 de esa ley castiga con prisión de uno a ocho años a quien se declare culpable de cometer ese ilícito.
 
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