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Detectan anomalías con activos municipales PDF Print E-mail
Friday, 31 August 2007
• Contraloría General de la República denunció falta de controles en Municipalidad de San Carlos  por robo y desaparición de activos.     La Contraloría dectectó el robo de un plancha vibradora, y  un vibrador eléctrico que no se denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Así como la  desaparición de un taladro, una motoguadaña, un motor eléctrico y una compactadora que no se encuetra registra como parte de los activos.
    Según la contraloría hacen falta controles efectivos para la conservación, custodia y uso de los bienes adquiridos.
    Como consecuencia de esa carencia de controles se comprobó que dos de esos activos fueron robados y otros estaban desaparecidos, sin que nadie pudiera dar información sobre su paradero. En el caso de los activos robados, la Municipalidad presentó, en sólo uno de los casos, la correspondiente denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)


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    Lo anterior se desprende del informe No DFOE-SM-18-2007 que  hizo la  Contraloría General de  República  sobre la administración de los recursos provenientes de la Ley N° 8114 por parte de la Municipalidad de San Carlos, se efectuó, en compañía del encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial de ese municipio, una visita al plantel municipal con el fin de realizar una inspección física de los equipos y maquinaria adquiridos con esos recursos por parte de dicha dependencia.
    Alfredo Córdoba, alcalde municipal dijo que todos los activos que señala la contraloría fueron robados y no es que estén desaparecidos.  
    “En su momento nosotros pusimos la denuncia por el robo de todos esos activos ante  el OIJ. Lo que pasa es que por un  taladro muchas veces ni se investiga por el valor”, señaló.
    Según la normativa de control interno vigente, la administración activa tiene la responsabilidad de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional; en ese sentido, deben operar prácticas y medidas de control que garanticen razonablemente la protección y conservación del patrimonio municipal contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal y, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información respecto de esos bienes.

Hecho grave

    Por lo expuesto y tomando en consideración que la pérdida de activos en custodia de ese Municipio se tipifica como un hecho grave; que no se han realizado por parte de la Administración Municipal investigaciones para establecer las eventuales responsabilidades administrativas; que existe la amenaza de que se continúen perdiendo activos de la institución y se pide: denunciar, de inmediato, ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el robo del vibrador eléctrico de punta para concreto S: 103230; así como, investigar lo sucedido con los otros activos desaparecidos. Se pidió también iniciar lo correspondiente, los procedimientos administrativos tendientes a determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de lo actuado, respetando los principios del debido proceso y defensa previa.


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    También realizar un recuento físico de todos los activos propiedad de la municipalidad, que le permita determinar su existencia, localización y condición, así como sus cantidades y características y posteriormente, analizar las desviaciones y su origen, a efectos de implantar las acciones procedentes en cada caso particular, corregir o ajustar los registros y mejorar o establecer los controles sobre la custodia, uso y protección de esos bienes.  Para esta disposición se concede un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de este informe.
    Asímismo se pide informar a este órgano contralor, dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo del presente documento, sobre las acciones tomadas sobre el particular.
    En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada, podrá considerarse que se incurrió en falta grave y aplicar las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, siguiendo el debido proceso, segùn carta firmada por Giselle Segninni Hurtado gerente del Area  de Servicios Comunales de la Divisiòn de Fiscalización Operativa y Evaluativo.
 
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