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Confusión en trazado de línea fronteriza con Nicaragua |
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escrito por Gerardo Quesada
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viernes, 14 de agosto de 2009 |
• Defensoría recomienda al país revisar trazado terrestre para evitar que se sigan afectando los pobladores de comunidades aledañas.
En comunicado la la Defensoría de los Habitantes instó a las autoridades del país a revisar el trazado existente de la línea fronteriza con Nicaragua, que ha venido afectando terrenos, bienes y a personas costarricenses.
En una investigación, la Defensoría sostiene que es necesario revisar, de acuerdo con el Tratado Cañas-Jerez, el amojonamiento realizado en marzo de 1994, como consecuencia de una nueva demarcación entre los mojones 12 y 13 llevada a cabo por el Instituto Geográfico Nacional y su similar -el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales- pues varias fincas que siempre pertenecieron a agricultores costarricenses, por ejemplo de Jomusa, quedaron al lado nicaragüense.
Eso ha provocado que muchas familias del asentamiento Jomusa fueras desalojadas y trasladadas a la zona de Nueva Esperanza en los Chiles e incluso, otras personas hayan tenido problemas para obtener créditos pues sus tierras no son aceptadas como respaldo hipotecario.
Para la Defensoría, los errores en el trazado fronterizo persisten hoy en día, en los que la distancia medida entre la ribera sur del Lago de Nicaragua y la frontera costarricense sobrepasa las 2 millas inglesas (3,2 kilómetros) al punto que en algunos sectores, específicamente en la ubicación del mojón XIII, excede los 5,9 kilómetros según quedó acreditado en la hoja cartográfica “CAIRO”, contrariando las disposiciones del artículo II del Tratado Cañas-Jérez, y perjudicando a Costa Rica, lo cual queda además acreditado en un informe técnico de la Universidad Nacional (UNA) con sede en Heredia.
Existe un malestar e incertidumbre reinante en estas comunidades de la zona norte por esta situación. Los vecinos del lugar, el Alcalde de la Municipalidad, y la Directora Regional de Migración en el Cantón de Upala, expresan su insatisfacción en cuanto al amojonamiento realizado, y la inercia de las autoridades competentes en investigar y corregir los errores señalados, evidentes con la colocación de nuevos hitos auxiliares dentro de territorio nacional.
En abril anterior la Defensoría realizó una nueva inspección en la zona, lográndose identificar la afectación de las actividades económicas, agrícolas y comerciales de los pobladores, pues se verificó el perjuicio que sufren los vecinos, donde se ubican los mojones en los poblados de Delirio, Las Delicias y Villa Hermosa de Upala (mojón XIII original y serie de mojones auxiliares numerados entre 5 y 12), cuya realidad confirma la certeza de la problemática existente y la afectación al patrimonio e intereses de muchos de los vecinos residentes en la zona fronteriza norte terrestre colindante con los Departamentos nicaragüenses de San Carlos y Río San Juan.
“Es decir, la situación del trazado del límite fronterizo terrestre ha variado y, como consecuencia, la Defensoría considera que podría estarse en presencia de la aplicación de la cláusula de derecho internacional público RES SIC STANTIBUS, que posibilita la renegociación del Tratado de límites con la República de Nicaragua”, dijo hoy la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada.
De toda esta situación, no obstante, surgen problemas serios de ubicación de propiedades dentro de la franja fronteriza norte, porque a raíz de los trabajos de densificación, los vecinos insisten en que varias de sus fincas quedaron ubicadas en territorio nicaragüense o bien dentro de la faja inalienable e intransferible de dos kilómetros o dentro del corredor biológico de dominio público, y como consecuencia, se produce lo siguiente:
Inseguridad jurídica de los inmuebles cercanos a la zona fronteriza, pues a pesar de disponer de escrituras públicas de sus propiedades, se dificultan las transacciones de compra-venta, porque nadie quiere comprar inmuebles cuya ubicación en el terreno no está claramente definida.
Las entidades bancarias se muestran renuentes a financiar operaciones crediticias de producción o comercio mientras persista la incertidumbre e inseguridad jurídica de los inmuebles.
En ese sentido, la Defensoría recomienda al Instituto Geográfico Nacional profundizar en los estudios cartográficos del trazado y una vez, obtenida esta información técnica, que las autoridades nacionales incluyan este tema dentro de una agenda binacional para revisar el trazado de la línea fronteriza con el propósito de buscar una salida consensuada en beneficio de los derechos e intereses de los habitantes de esa zona. |
