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Banda tenía negocio redondo con licencias |
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escrito por Gerardo Quesada
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lunes, 01 de noviembre de 2010 |
• La detención de dos funcionarios evaluadores del Departamento de
Licencias de Ciudad Quesada, de apellidos Castro Corrales y Rojas
Orozco, así como tres “gavilanes”, dos hombres, Araya Chacón, Marín
Castro y una mujer, Morales Núñez, dio fin con una banda organizada que
cobraba hasta ¢150 mil por dar una licencia sin hacer la prueba.
Gerardo Quesada Alvarado
San Carlos Al Día
Dicha banda operaba en un consultorio que tenía sólo el nombre de “Consultorio Dr. Sergio Murillo”, ubicado a 100 metros del Departamento de Licencias.
Este era el centro de operación de la mujer y los dos gavilanes detenidos, uno de ellos, conocido con el alias de “Pescado”.
Según un investigador, aquí, prácticamente usted podía hacer todos los trámites para obtener la licencia, solamente tenía que pagar.
En este local se pagaba el monto por el derecho de la licencia, que dicho sea de paso cobraban ¢12 mil, cuando lo que se paga en el banco son ¢5 mil, además, le alquilaban el vehículo o moto para hacer la prueba.
 Este local era el centro de operación de los gavilanes.
Una vez que la persona llegaba al local, los gavilanes le ofrecían todo el paquete que costaba entre 80 a ¢150 mil por obtener la licencia, antes debía hacer la mampara para que nadie sospechara, para lograr esto, utilizan una pipa o coco sin agua que le enviaban al evaluador, adentro iban los documentos de la persona que había pagado, una vez que el evaluador recibía la pipa sacaba los documentos y procedía a hacer la prueba de manejo al solicitante, éste, ya no tenía que preocuparse si le pasaba por encima a los conos, o se “brincaba” altos, o si no sabía manejar bien, de cualquier forma, los evaluadores le iban a otorgar la licencia, una vez con la plata en la mano, gavilanes y funcionarios de licencias se repartían el dinero.
Operación planificada
La operación para dar con esta banda organizada empezó 15 días antes, luego de que la Sección de Delitos de Tránsito recibió información de los supuestos corruptos, se tenía información que los evaluadores otorgaban una licencia A4, luego de el individuo hacía la prueba con una motocicleta de 125 centímetros cúbicos propiedad de los gavilanes, esto cuando la ley estipula que debe ser de 500 centímetros cúbicos para arriba.
Un investigador se infiltró y llegó al local a solicitar una licencia A4, pero comprada, los gavilanes al parecer le pidieron ¢150 mil para obtenerla, mediante dinero marcado se pagó dicha suma y se procedió a hacer la prueba en una motocicleta de 125 centímetros cúbicos cuando debía hacerse en una de 500 o más. Los evaluadores o funcionarios de licencias hicieron la prueba y otorgaron la licencia del solicitante.
 Momentos en que era sacado uno de los evaluadores del Departamento de Licencias.
Luego de este ilícito, el OIJ actuó de inmediato, allanaron el Departamento de Licencias y el local donde operaban los gavilanes. En licencias esposaron a los dos funcionarios evaluadores, secuestraron documentos y actas, por su parte, en la oficina de los gavilanes también los esposaron, recuperaron el dinero marcado, documentación, sacaron una computadora, decomisaron tres motocicletas y un vehículo, y de inmediato se procedió a enviar a los cinco sujetos a las celdas del OIJ de San Carlos, aquí permanecieron un día, luego fueron liberados con medidas cautelares por tres meses. Los implicados no podrán acercarse a los oficinas de licencias, deberán firmar cada 15 días, tener domicilio fijo y no podrán salir del país.
Según la fiscal, Johanna Bogantes Madrigal a los evaluadores de licencias se le cesó del cargo, mientras se investiga, paso que ya dio inicio con la prueba recuperada e información de testigos.
Los funcionarios del licencias enfrenta cargos por el delito de concusión y los gavilanes por comunicabilidad y estafa, donde los cinco podrían recibir penas entre 2 a 8 años de cárcel.
La concusión se aplica al funcionario público que, en abuso de sus funciones, obtenga un beneficio patrimonial indebido.
Esta es la segunda detención de funcionarios y gavilanes en el Departamento de Licencias de San Carlos, la primera fue el 6 de agosto, cuando los agentes judiciales también allanaron dicho departamento y detuvieron a tres personas que supuestamente exigían dinero a los interesados en una licencia, los tres están en libertad con medidas cautelares.
“No tengo nada que ver con el local”
El local donde operaba la banda de “gavilanes”, es arrendado en ¢90 mil por el médico Sergio Murillo, aseguró el dueño del inmueble, Odilio Araya.
Murillo aseguró que no tiene nada que ver con los sujetos detenidos, porque él, a su vez subarrendó ese local en un primer momento al gavilán conocido como “Pescado”, detenido en el operativo y luego éste se lo arrendó a Morales Núñez, secretaria, también detenida.
El médico explicó que aunque el contrato que él tiene con el señor Araya es por cinco años, el local lo administra otra gente, consultado el porqué su nombre estaba escrito en la fachada del inmueble, explicó que en un principio él iba establecer un consultorio aquí, pero no lo hizo, por eso su nombre se quedó impreso ahí.
Sergio Murillo detalló que brinda servicios de dictámenes médicos en un consultorio que está a la par de ese local, pero sólo se limita a hacer las pruebas médicas.
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