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Ambientalistas consideran que minera deberá irse |
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escrito por Gerardo Quesada
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viernes, 20 de agosto de 2010 |
• El grupo de ciudadanos que caminaron 170 kilómetros desde la Casa
Presidencial en Zapote, hasta Crucitas de Cutris en San Carlos, confían
que el gobierno de Laura Chinchilla desestimará el decreto que declara
la minería a cielo abierto de interés público.
Gerardo Quesada Alvarado
San Carlos Al Día
Los ambientalistas esperan que la razón se imponga y que al final la empresa minera Industrias Infinito se vaya del país de una vez por todas.
Esto se da, luego de que la Sala Constitucional señaló que el gobierno tiene la potestad de anular la concesión de minería a cielo abierto del proyecto Crucitas, se estima que esa es la mejor decisión para el interés público.
 Ciudadanos que caminaron 170 kilómetros en contra de la minería a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, confían en que el gobierno desestimará la declaratoria de interés pública la minería.
Según el Tribunal, el Poder Ejecutivo dispone de plena competencia para rescindir permisos mineros otorgados en el pasado a cualquier empresa, aunque esa determinación obligaría al Estado a enfrentar eventuales responsabilidades como una demanda.
Se calcula que el gobierno tendría que pagar $1.700 millones a Industrias Infinito como indemnización en caso de romper el contrato con dicha empresa.
170 kilómetros por la vida
Los activistas contra la minería, que caminaron 170 kilómetros aseguran que aman la vida y por ello no quieren se destruya la naturaleza por el interés de unos pocos.
Edison Valverde, del Movimiento Patriótico Juanito Mora, dijo que recibieron decenas de elogios y apoyo por cientos de personas que se encontraron en el camino durante la peregrinación que los llevo por lugares como: Alajuela, Sarchí, Zarcero, San Carlos, Florencia, Boca de Arenal, Santa Rosa de Pocosol, Coopevega y Crucitas de San Carlos.
En Crucitas los peregrinos sembraron árboles de Almendro y dieron gracias a Dios por la caminata a favor del ambiente.
Los magistrados aseguran que la política ambiental “es una competencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, no del Judicial”.
 Víctor Bataller Lozano, estudiante español, caminó 170 kilómetros por la paz y el ambiente.
Ahora, continúa la sentencia, la Asamblea Legislativa y el gobierno deben ejercer la última palabra en cuanto a una posible anulación, si lo estiman oportuno. Una eventual declaratoria de interés público para justificar esa decisión es función del Congreso.
La empresa Industrias Infinito planea extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos. Esta cantidad equivaldría hoy aproximadamente a $836 millones.
La extracción recibió una declaratoria de interés público por parte del gobierno de Óscar Arias, en el 2008, lo cual permitió cortar árboles en la zona.
El desarrollo de Crucitas está detenido por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que estudia otra demanda pendiente. |
