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Wednesday, 06 August 2008 |
• Que no perdamos la confianza en el Poder Judicial.
Desde niños nos enseñaron a conocer los tres poderes de la República: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De jóvenes entendimos que estos poderes eran independientes y juntos nos garantizaban la paz social, el desarrollo y la justicia para vivir en democracia.
Hace poco más de una década las dudas sobre la transparencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo comenzaron a surgir. Hoy las encuestas determinan la poca credibilidad en La Asamblea Legislativa y en caso del Ejecutivo; los escándalos de los expresidentes de la República, presidentes ejecutivos de instituciones autónomas y ministros de gobierno, igualmente lo llevaron al desprestigio.
El Poder Judicial era el único que parecía firme. Firmeza que se consolidaba cuando sin miramientos y quizás hasta sobrepasados, detuvieron expresidentes y se metieron a la cárcel funcionarios de alto rango, parecía que el país se sostenía en una columna vertebral fuerte e inquebrantable. Sin doblarse ante los intereses personales de políticos, grupos económicos y mafiosos que operan en el país.
Sin embargo los últimos acontecimientos con el magistrado suplente Sosto, dando asesorías a la Presidencia de la República y peor aún la negativa de la Corte Plena por votación de 12 a 10 de ni siquiera investigar las acciones de este funcionario, han caído como balde de agua fría en el pueblo costarricense.
Se aplicará aquel dicho muy sancarleño que dice “ahora si que se nos hechó la mejor yegua”. Sin duda alguna que en nuestro criterio sí. Las dudas sobre la aplicación de la justicia han venido aflorando desde hace ya varios años. Jueces acusados de corrupción en Guanacaste, otros por liberar a presuntos narcotraficantes en la zona sur y así, casos que vienen minando nuestro hasta hace poco sagrado Poder Judicial.
Lo más reciente es el caso del magistrado suplente Sosto a quien ni siquiera la Corte Plena investiga por aceptar que asesoró a Casa Presidencial (Hermanos Oscar y Rodrigo Arias) en el caso de los fondos sin control público, que se manejaron por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Exmagistrados como Juan José Sobrado y Catedráticos Universitarios como Luis Baudrit Carrillo han coincidido en que la Corte Plena debe rectificar y que sí existen elementos suficientes para investigar al magistrado Sosto. Sin embargo nos pareciera que hoy los poderes se funden y que la justicia se ve con diferentes lentes, en un país donde el pueblo ya no sabe a que atenerse.
Costa Rica invirtió en educación y hoy hasta el más humilde de nuestros campesinos sabe leer, los medios de comunicación permiten que al escuchar criterios diversos, cada costarricense pueda sacar sus propias conclusiones. Estamos seguros que llamados a creer sin justificaciones de peso, llevan a nuestros poderes a la incredulidad total.
¿Estarán ocultando esta mayoría de Magistrados de la Corte Plena la pérdida de independencia del Poder Judicial? Ante los ojos de muchos costarricenses eso pareciera, porque aquí podríamos aplicar otro dicho popular “el que nada debe, nada teme”. Hay muchos cuestionamientos que se hacen a este magistrado que en forma intermitente era nombrado para que fungiera como funcionario judicial y como asesor privado. En sus nombramientos como Magistrado Suplente de la Sala Cuarta, votó polémicos casos como la consulta sobre el tratado UPOV y la acción de inconstitucionalidad a favor del Diputado Sánchez allegado a Casa Presidencial.
¿Podremos saber los costarricenses si en sus lapsos privados este magistrado asesoró a casa Presidencial o al mismo Diputado Sánchez? Definitivamente no, la Corte Plena decidió no investigar y a los costarricenses no nos quedará más que ver a los ojos a los magistrados, receta dada por el señor Presidente de la República Oscar Arias en el caso de los Fondos del Banco Centroamericano, ante la falta de datos. Creer en las palabras más que en los documentos, en los fundamentos jurídicos y las investigaciones científicas que determinen la imparcialidad de nuestro Sistema Judicial.
Como lo señala Juan José Sobrado en su comentario Sosto y la Corte: “La Corte de rectificar y corregir tan grueso error, a lo que está obligada, y, siguiendo el acertado criterio de diez de sus magistrados, ordenar abrir la instrucción que se impone”. |
